Lunes, Enero 22, 2018

BOLETIN DE PRENSA 08

Amparo Colectivo en Chihuahua en Defensa de los Derechos Humanos

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El Frente Mexiquense en Defensa Para Una Vivienda Digna A.C. cumplió 13 meses de establecer su estrategia jurídica exitosa en el Estado de Chihuahua, demostramos que la única salida que tiene ésta entidad y el resto de la República Mexicana es resolver sus controversias mediante el Estado de Derecho.

Es importante señalar como en éste primer año en Chihuahua, logramos el primer triunfo en materia de amparo indirecto en el caso de nuestros compañeros Octavio Francisco Díaz de León y Mayra Sujei Rodríguez Luna en el Juicio Ordinario Mercantil Expediente: 810/2011, para evitar que por una vía incorrecta como lo es el Juicio Ordinario Mercantil los despojaron de sus inmuebles por parte del Banco Santander que adquirió de manera ilegal la cartera de Ge Money cuyos recursos provienen de la Sociedad Hipotecaria Federal, es decir con recursos del gobierno.

Desde el pasado mes de mayo iniciamos los cinco Recursos de los Incidentes Criminales en materia penal en contra de las Sentencia emitidas por los Juzgados Civiles de los Distritos Judiciales de la Ciudad de Chihuahua, por establecer el Fraude Procesal y otorgar las Sentencias Definitivas contrarias a derecho a las SOFOLES como: Ge Money-Santander, Patrimonio, Metrofinanciera, Crédito Inmobiliario, Hipotecaria su Casita, Hipotecaria Nacional Bancomer, Banamex, entre otros.

Es importante señalar que el Código de Comercio señala que cuando en un negocio o controversia de tipo civil, mercantil se presentan ilícitos durante un proceso de tipo judicial, tenemos la facultad a los que se nos han cometido el ilícito de recurrir al Fraude Procesal y la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación señala que en estos casos el Agente del Ministerio Público en 10 días deberán de Ejercitar el Ejercicio o No Ejercicio de la Acción Penal.

Queremos informarles a los ciudadanos del Estado de Chihuahua que la Procuraduría General de Chihuahua protege impunemente a las SOFOLES y Bancos a no consignar durante los próximos 10 días que interponemos la figura del Incidente Criminal el delito del Fraude Procesal, con estos actos demostramos que la Procuraduría y la Fiscalía General del Estado encargada de atender este tipo de delitos no quiere Ejercitar la Acción Penal.

Esto se acredita con la resolución de No Ejercicio de la Acción Penal y que fue Resuelta por la Lic. Brenda Ivonne Chacón García, Agente del Ministerio Público Adscrita a la Unidad de Investigación Especializada en Delitos contra el Servicio Público y el Adecuado Desarrollo de Justicia.

El No Ejercito la Acción Penal en contra de los representantes de Hipotecaria Su Casita, basada la resolución porque supuestamente los delitos ya había prescrito no este debidamente fundada y motivada, olvidando la agente del Ministerio Público Lic. Brenda Ivonne Chacón García que desde el escrito inicial de la denuncia penal, le señalamos que estamos ante la violación de los Derechos Humanos, concretamente el de Vivienda Digna y Decorosa, motivo por el cual estos delitos no prescriben porque los Derechos Humanos tienen los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

Esta resolución se encuentra en la Carpeta de Investigación Número 19-2014-13890 interpuesta por Julio César Soto Muñoz en contra del Juez Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Morelos dentro del expediente 689/09 Juicio Especial Hipotecario y en contra de Hipotecaria Su Casita, queremos informar que ante esta resolución que no esta debidamente fundada y motivada conforma a derecho recurrimos al Recurso de Apelación y que estamos seguros que revocaremos en El No Ejercicio de la Acción Penal o tendremos el Amparo Directo en al última etapa procesal de este procedimiento de tipo penal, porque se está violando el Derecho Humano de Vivienda Digna y Decorosa.

En este mismo sentido queremos informarle que el Frente Mexiquense en Defensa Para Una Vivienda Digna, A.C. ganó los 4 recursos que interpusimos ante el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) y el primer triunfo nos los otorgaron por Unanimidad de Votos los 6 Comisionados del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) en donde los expedientes: RPD/1337/14, RPD/1335/14, RPD/1336/14 y RPD/1338/14, el IFAI modifico la resolución de IPAB, en donde, señalaba que no tenía dentro de sus bases de datos la información sobre 4 créditos hipotecarios que habían sido liquidados por el FOBAPROA y por tal motivo el IPAB tiene la obligación de abrir todos sus archivos sobre la información solicitada, los servidores públicos del IPAB se negaron a proporcionar la información porque saben que estos créditos ya fueron pagados por el rescate bancario, por tal motivo éstos créditos no se deben cobrar, ni demandar un supuesto incumplimiento en los tribunales o juzgados del Estado de Chihuahua porque se actualiza la figura delictiva del Fraude Procesal.

Finalmente en un acto sin precedente el Frente Mexiquense en Defensa Para Una Vivienda Digna A.C., presentan su Primer Amparo Indirecto Colectivo en contra del Poder Legislativo del Estado, del Presidente del Supremo Tribunal Superior de Justicia del Estado y contra el Gobernador del Estado de Chihuahua, por no querer investigar y proteger los Derechos Humanos de miles de familias en el estado de Chihuahua que fueron defraudadas en la construcción de sus viviendas y por no cumplir con las normas de asentamientos humanos y de desarrollo urbano.

El Recurso de Amparo Indirecto lo interponemos como resultado de la omisión de que el Congreso del Estado de Chihuahua desde el pasado 27 de noviembre de 2014 se negó a conformar la Comisión de Investigación o Especial, que se encargaría de investigar porque las empresas constructoras que construyeron y vendieron miles de viviendas no cumplieron con las entregas de los Conjuntos Urbanos.

Los beneficiarios del desarrollo territorial y urbano anárquico en el estado de Chihuahua son los grandes desarrolladores o vivienderas y las SOFOLES-SOFOMES que construyeron los conjuntos habitacionales, y cometieron graves delitos, como: enajenaron, vendieron y gravaron las viviendas sin tener el permiso previo de la autoridad administrativa para el inicio de las obras de urbanización como agua potable, alcantarillado, drenaje, sin la instalación de la energía eléctrica de las redes de alta y mediana tensión, lo más grave es que los gobiernos municipales de los Cabos y la Paz autorizaron la venta de los Conjuntos Habitacionales cuando no se habían construido.

En este mismo sentido los desarrolladores inmobiliarios tuvieron el permiso para enajenar o vender, pero no cumplieron con los términos de la autorización, como: no promovieron prórrogas para terminar las obras de urbanización, equipamiento y las viviendas, se les devolvieron las fianzas del 100% a favor de los municipios de Chihuahua y Ciudad Juárez sin que terminaran de construir y entregar las obras de urbanización con la complicidad de los servidores públicos de la Secretaría de Desarrollo Urbano del estado y los presidentes municipales.

El Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua ha instaurado el FRAUDE PROCESAL a favor de las SOFOLES-SOFOMES, para despojar de sus inmuebles a los titulares de los créditos hipotecarios y con estas resoluciones se viola el Derecho Humano de que toda familia disfrute de Vivienda Digna y Decorosa, porque los jueces de primera instancia y los magistrados de apelación del Poder Judicial del Estado de Chihuahua no han entendido que las controversias entre los titulares de las hipotecas y los Intermediarios Financieros no se deben de analizar y resolver por lo establecido en los contratos, sino por lo que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los Tratados Internacionales en materia de Derechos Humanos de Vivienda Digna y Decorosa.


Atentamente


Lic. José Humbertus Pérez Espinoza

Presidente y Representante Legal



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