Martes, Enero 23, 2018

LA ADQUISICIÓN DE LA CASA BLANCA DE ENRIQUE PEÑA NIETO, CONTRAVIENE LA LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA Y SE TIPIFICA EL DELITO DE LAVADO DE DINERO

Posicionamiento del Frente Mexiquense en Defensa Para Una Vivienda Digna A.C. con respecto a la Casa Blanca de: Enrique Peña Nieto.

Angélica tienes el valor o te vale!!!!

Resulta sumamente molesto que la Revista Proceso en el número 1986 de fecha 23 de noviembre de 2014, concretamente en sus artículos titulados: “Definitivo: Peña Nieto incurrió en conflicto de interés” y Reclamo en el Senado: “el presidente debe ser investigado judicialmente, publicados por los periodistas Arturo Rodríguez García y Jenaro Villamil no se vaya al fondo del asunto, y se utilice las voces de destacados juristas y de organizaciones civiles, para concluir de manera simple y superficial que estamos ante un problema de conflicto de interés, cuando en la realidad jurídica se cometieron delitos de lavado de dinero en la supuesta operación de compra-venta de la Casa ubicada en la Calle de Sierra Gorda Número 150, Colonia Lomas de Chapultepec valuada en siete millones de dólares y cuya propiedad pretendió justificar la esposa del presidente: Enrique Peña Nieto.

La legislación mexicana es puntual y precisa cuales son las 8 conductas delictivas que tipifican el delito en el lavado de dinero y son las siguientes: Adquirir, Enajenar, Administrar, Custodiar, Cambiar, Depositar, Dar en Garantía, Invertir, Transportar y Transferir.

La adquisición de la Casa de Sierra Gorda número 150 de la Colonia Lomas de Chapultepec la realizó Angélica Rivera Hurtado, la Enajenación la concreta la empresa Ingeniería Inmobiliaria del Centro S.A. de C.V., así como también retener la garantía a través del Contrato de Compra-Venta con Reserva de Dominio, y se tipifica el delito de lavado de dinero porque no podrán acreditar el origen lícito de los recursos con el que supuestamente se está pagando la garantía real o el bien inmobiliario. Con estas conductas se actualizan las hipótesis jurídicas del artículo 400 Bis del Código Penal Federal y que señala el delito grave que se tiene que investigar de oficio como el de Operaciones con recursos de procedencia ilícita.

En el caso de la Casa de Sierra Gorda número 150, Colonia Lomas de Chapultepec, se actualizan tres conductas delictivas de lavado de dinero y que son las siguientes: Adquirir, Enajenar y Dar en Garantía, y esto se acredita con El Contrato de Compra-Venta con Reserva de Dominio, que suscribieron: Ingeniería Inmobiliaria de Centro S.A. de C.V. y Angélica Rivera Hurtado, ésta “operación de compra-venta del bien inmueble o de los derechos reales”, tienen como objetivo conductas que se consideran propósitos del lavado de dinero como son: ocultar, pretender ocultar, encubrir e impedir conocer el origen del dinero de esta operación.

Concretamente las operaciones y cláusulas de el Contrato de Compra-Venta con Reserva de Dominio que suscribieron Ingeniería Inmobiliaria del Centro S.A. de C.V. y Angélica Rivera Hurtado, se ubican dentro de las Actividades Vulnerables, legisladas en el artículo 17º, Fracciones: IV, V y XII incisos a) y e) de la Ley Federal Para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y que la letra señalan lo siguiente:

Artículo 17º. Para efectos de esta Ley se entenderán Actividades Vulnerables y, por tanto, objeto de identificación en términos del artículo siguiente, las que a continuación se enlistan:

  1. El ofrecimiento habitual o profesional de operaciones de mutuo o de garantía o de otorgamiento de préstamos o créditos, con o sin garantía, por parte de sujetos distintos a las Entidades Financieras.
  2. Serán objeto de Aviso ante la Secretaría cuando el acto u operación sea por una cantidad igual o superior al equivalente a mil seiscientas cinco veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal.

  3. La prestación habitual o profesional de servicios de construcción o desarrollo de bienes inmuebles o de intermediación en la transmisión de la propiedad o constitución de derechos sobre dichos bienes, en los que se involucren operaciones de compra venta o venta de los propios bienes por cuenta o a favor de clientes de quienes presten dichos servicios.
  4. Sera objeto de Aviso ante la Secretaría cuando el acto u operación sean por una cantidad igual o superior al equivalente a ocho mil veinticinco veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal.

  5. La prestación de servicios de fe pública, en los términos siguientes:
    1. Tratándose de los notarios públicos:
      1. La transmisión o constitución de derechos reales sobre inmuebles, salvo las garantías que se constituyan en favor de instituciones del sistema financiero u organismos públicos de vivienda.
      2. Estas operaciones serán objeto de Aviso ante la Secretaría cuando en los actos u operaciones el precio pactado, el valor catastral o, en su caso, el valor comercial del inmueble, el que resulte más alto, o en su caso el monto garantizado por suerte principal, sea igual o superior al equivalente en moneda nacional a dieciséis mil veces el salario mínimo general al diario vigente para el Distrito Federal.

      3. El otorgamiento de contratos de mutuo o crédito, con o sin garantía, en los que el acreedor no forme parte del sistema financiero o sea un organismo público de vivienda.
      4. Las operaciones previstas en este inciso, siempre serán objeto de Aviso”.

  • La fracción IV del artículo 17º, de la citada norma es clara que cuando un sujeto distinto (Ingeniería Inmobiliaria del Centro S.A. de C.V.) a las Entidades Financieras, otorguen crédito y garantía, estas operaciones serán objeto de dar Aviso a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, cuando la operación sea por una cantidad igual o superior al equivalente de mil seiscientas cinco veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal, es decir para el 12 de enero de 2012 fecha en que se firmó el Contrato de Compra-Venta con Reserva de Dominio, esta cantidad era de $100,039.65 (Cien Mil Treinta y Nueve Pesos 65/100 M.N), cantidad muy inferior a los $54,000,000.00 (CINCUENTA Y CUATRO MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.), que se estipulo en la Cláusula Cuarta del Acuerdo de Voluntades;
  • La fracción V del artículo 17º, de la citada norma es clara cuando la empresa constructora: Ingeniería Inmobiliaria del Centro S.A. de C.V., realizó servicios de construcción y desarrollo del bien inmueble o garantía real de la Casa ubicada en la Calle de Sierra Gorda Número 150, Colonia Lomas de Chapultepec, así como también realizó la intermediación en la trasmisión de la propiedad sobre dicho inmueble, en donde, se involucraron operaciones de compra-venta a favor de Angélica Rivera Hurtado, y esto se describe concretamente en la Cláusula Quinta del citado contrato de voluntades y que señala que “EL VENDEDOR” se obliga a entregar desde esta fecha la posesión al “EL COMPRADOR”………
  • Estas operaciones serán objeto de Aviso a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público cuando el acto u operación sea por una cantidad igual o superior al equivalente a ocho mil veinticinco veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal, es decir para el 12 de enero de 2012 fecha en que se firmó el Contrato de Compra-Venta con Reserva de Dominio, esta cantidad era de $500,198.25 (Quinientos Mil Ciento Noventa y Ocho Pesos 25/100 M.N.), cantidad muy inferior a los $54,000,000.00 (CINCUENTA Y CUATRO MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.), que se estipulo en la Cláusula Cuarta del Acuerdo de Voluntades.

  • La fracción XII, numeral A, incisos a) y e), de la citada norma es clara, en virtud de que el legislador ordinario estableció y mandato la prestación de servicios de fe pública, en el presente caso se tenía que haber realizado la protocolización mediante notario público de la transmisión o constitución de derechos reales sobre el inmueble de la Casa ubicada en la Calle de Sierra Gorda Número 150, Colonia Lomas de Chapultepec, es decir, realizar el protocolo notarial del Contrato de Compra-Venta con Reserva de Dominio, para que a partir de la firma de éstas operaciones se diera Aviso a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, porque el monto de la compra venta del citado inmueble fue superior al equivalente de dieciséis mil veces del salario mínimo general diario, que para fecha de la firma de citado contrato era de $997,280.00 (Novecientos Noventa y Siete Mil Doscientos Ochenta Pesos 00/100 M.N.), cantidad muy inferior a los $54,000,000.00 (CINCUENTA Y CUATRO MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.), que se estipulo en la Cláusula Cuarta del Acuerdo de Voluntades.
  • En este mismo sentido el legislador ordinario fue más puntual en el inciso e), toda vez que para este tipo de operaciones se obliga la protocolización ante Notario Público del Contrato de Compra-Venta con Reserva de Dominio, en virtud de que la constructora Ingeniería Inmobiliaria del Centro S.A. de C.V. otorgó el crédito y tiene la garantía, y ésta persona moral, es decir, el acreedor no forma parte del sistema financiero y ni de un organismo público de vivienda, en este tipo de operaciones siempre serán objeto de Avisos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

    El hecho de haber firmado sólo un Contrato Privado de Compra-Venta con Reserva de Dominio, y no la protocolización ante Notario Público del citado Contrato, en el fondo lo que buscó fue no reportar estas Actividades Vulnerables a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para evitar la identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

    En conclusión el Contrato Privado de Compra-Venta con Reserva de Dominio que suscribieron Ingeniería Inmobiliaria del Centro S.A. de C.V. y Angélica Rivera Hurtado, para la adquisición de la Casa ubicada en la Calle de Sierra Gorda Número 150, Colonia Lomas de Chapultepec, sin la protocolización notarial y no dar aviso a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, tuvo como objetivo ocultar el origen de los recursos para la adquisición del inmueble.

    Por tal motivo al conocer de estas operaciones ilícitas, el Secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray Caso, tuvo que haber instruido a la Unidad de Inteligencia Financiera de ésta Secretaria cuyo titular es Alberto Bazbaz Sacal, para que se iniciará una investigación por las operaciones con recursos de procedencia ilícita, y dar vista a la Procuraduría General de la República para que de oficio se iniciara la investigación de tipo penal, para que se conozca la verdad histórica del origen de estos recursos que se utilizaron para la compra de inmueble.

    Es oportuno señalar que la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se constituyó para dar cumplimiento a la Convención de Parlermo, y sus funciones fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación del 7 de mayo de 2004, esta institución desde su creación nunca ha investigado operaciones de economía criminal, que permitieran consignar a los responsables de convertir a nuestro sistema financiero como un espacio fundamental en las grandes operaciones del lavado de dinero.

    La Investigadora parlamentaria: Maestra Claudia Gamboa Montejo en el estudio e investigación Titulado LAVADO DE DINERO”, Estudio Teórico Conceptual, Derecho Comparado, Tratados Internacionales y de la nueva ley en la materia en México, publicado en el mes de enero de 2013, por la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis de la Cámara de Diputados en la LXII Legislatura, concretamente en la página 9 señala tres elementos: Colocación, Ocultación e Integración que se establecen en la Estrategia Nacional para la Prevención y el Combate al Lavado de Dinero y al Financiamiento al Terrorismo, sobre este punto es importante señalar que éstos tres elementos se presentan en el caso que nos ocupa:

    1. Colocación: Constituye la introducción de los recursos de procedencia ilícita y se hace mediante la constitución de empresas fachada, en el caso que nos ocupa la empresa fachada es precisamente la constructora: Ingeniería Inmobiliaria del Centro S.A. de C.V., que solo ha construido un solo inmueble y es precisamente la Casa ubicada en la Calle de Sierra Gorda Número 150, Colonia Lomas de Chapultepec, esta inmobiliaria pertenece al Grupo Higa cuyo socio mayoritario es: Juan Armando Hinojosa Cantú, que durante los seis años como gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto y dos como presidente de la República, se le han “asignado” contratos por obras por la cantidad aproximada de $57 mil millones de pesos;
    2. Ocultación: Se utilizó el Contrato Privado de Compra-Venta con Reserva de Dominio que suscribieron Ingeniería Inmobiliaria del Centro S.A. de C.V. y Angélica Rivera Hurtado, para la adquisición de la Casa ubicada en la Calle de Sierra Gorda Número 150, Colonia Lomas de Chapultepec, sin la protocolización notarial y no dar aviso a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, las operaciones tuvieron como objetivo ocultar el origen de los recursos para la adquisición del inmueble;
    3. Integración: La venta aparentemente legitima de los derechos e instrumentos empleados para ocultar los recursos para la supuesta Compra-Venta del Inmueble, cuando Angélica Rivera Hurtado anuncia la venta de los derechos de la Casa ubicada en la Calle de Sierra Gorda Número 150, Colonia Lomas de Chapultepec, solo confirma que estamos ante el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita y cuando señala que efectivamente conoce al socio mayoritario del Grupo Higa: Juan Armando Hinojosa Cantú, esta confencional deberá de llevar a Ministerio Público de la Federación a investigar y ha concluir que el inmueble es producto de las operaciones y asignaciones ilícitas de los contratos de obras que le han otorgado de manera ilícita al Grupo Higa y concretamente al señor: Juan Armando Hinojosa Cantú por más $57 mil millones de pesos.

    El siguiente pronunciamiento es el posicionamiento del Frente Mexiquense en Defensa Para Una Vivienda Digna A.C. sobre la Casa Blanca de Enrique Peña Nieto, porque nuestra organización tiene la autoridad moral y el conocimiento sobre los derechos reales, garantías reales sobre bienes inmuebles y créditos hipotecarios, nuestra organización tiene 7 años luchando en contra del gobierno de Peña Nieto, por su participación y complicidad en el Mega Fraude Inmobiliario e Hipotecario que se cometió en contra de millones de familias mexicanas en todo el país, que no pueden disfrutar de vivienda digna y decorosa.

    Es una burla y gran impunidad el supuesto Contrato de Compra-Venta con Reserva de Dominio que suscribieron: Ingeniería Inmobiliaria del Centro S.A. de C.V. y Angélica Rivera Hurtado, y sobre todo en la Cláusula Cuarta inciso A) y que señala lo siguiente: Los tres primeros años se pagarán únicamente los intereses que se generen a partir de la aplicación de la tasa del 9% anual (nueve por ciento) sobre la suma de $54,000,000.00 (CINCUENTA Y CUATRO MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.)”.

    En la misma Cláusula Cuarta se señala que el crédito tendrá una duración de ocho años, cuando las familias del Frente Mexiquense se les condeno a pagar los Contratos con Garantía Hipotecaria durante 25 y 30 años, 18 años y 22 años pagando intereses y el crédito hipotecario se firmaron en Unidades de Inversión (Udis), con una tasa de interés del 12% anual, si estos créditos se liquidaran en los 25 y 30 años se pagarían tres casas o inmuebles.

    Que privilegios tienen Enrique Peña Nieto y Angélica Rivera Hurtado para poder líquidar un derecho real o garantía real, es decir un bien inmueble solo en 8 años, pagando 3 años de intereses y a una tasa anual del 9%, cuando Peña Nieto durante su administración como gobernador del Estado de México se cometieron graves irregularidades en la construcción de nuestros conjuntos habitacionales y que nuestras viviendas están sobrevaluadas, nosotros no tenemos derecho a vivir con nuestras familias en viviendas dignas y decorosas, mientras que el presidente de México y su esposa pueden disfrutar de la gran mansión de $7 millones de dólares, producto de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

    Es preciso señalar que de acuerdo al “Método de Detección de Fraude por Sobrevaluación del Valor de la Vivienda” elaborado por Sociedad Hipotecaria Federal, se señala que el Estado de México ocupa el cuarto lugar en créditos sobrevaluados en toda la República Mexicana, en la entidad mexiquense se otorgaron con aproximadamente: 720 mil 645 créditos hipotecarios y viviendas sobrevaluadas que se otorgaron durante los años 2000 al 2011, estos créditos hipotecarios sobrevaluados están distribuidos en 277 Conjuntos Habitacionales en el Estado de México.

    De los 277 Conjuntos Habitacionales distribuidos en el Estado de México, éstos fueron construidos por: GEO 41; ARA 27; HOMEX 23; URBI 7; PROMOTORA DE VIVIENDAS INTEGRALES 7; SADASI 7; GRUPO SARE 6; HOGARES UNIÓN 4; HERMES 3; KE DESARROLLADORA 2; DEMET 1 y OTRAS CONSTRUCTORAS 149.

    Las casas y los créditos sobrevaluados en el Estado de México se realizaron de la siguiente manera por:

    • GEO 170 mil 022;
    • SADASI 103 mil 363;
    • ARA 95 mil 848;
    • HOMEX 75 mil 094;
    • URBI 46 mil 765;
    • GRUPO SARE 18 mil 269;
    • HOGARES UNIÓN 15 mil 711;
    • PROMOTORA DE VIVIENDAS INTEGRALES 10 mil 474;
    • KE DESARROLLADORA 9 mil 004;
    • HERMES 5 mil 886;
    • DEMET 4 mil 726; y
    • OTRAS CONSTRUCTORAS 165 mil 483.

    Las principales Regiones donde se autorizaron las 720 mil 645 viviendas y créditos hipotecarios en el Estado de México son:

    • Región V (Tecámac-Ecatepec) 178 mil 630;
    • Región XVI (Zumpango) 119 mil 696;
    • Región XIII (Toluca-Metepec) 92 mil 483;
    • Región XIV (Coacalco-Tultitlán) 81 mil 449; y
    • Región IV (Cuautitlán Izcalli, Huehuetoca y Melchor Ocampo) 79 mil 147.

    Las constructoras: URBI DESARROLLOS URBANOS, PROMOTORAS DE VIVIENDAS INTEGRALES, CONSORCIO DE INGENIERÍA ARA, DESARROLLOS INMOBILIARIOS SADASI, GEO y HOMES, que construyeron los citados conjuntos habitacionales cometieron el delito grave de Fraccionadores, porque enajenaron, vendieron y gravaron las viviendas sin tener el permiso previo para enajenar o vender, vendieron o enajenaron los lotes sin tener la autorización para el inicio de las obras de urbanización, equipamiento y para poder difundir la publicidad de los Conjuntos Habitacionales.

    En este mismo sentido el delito de Fraccionadores lo cometieron las constructoras: URBI DESARROLLOS URBANOS, PROMOTORAS DE VIVIENDAS INTEGRALES, DESARROLLOS INMOBILIARIOS SADASI, CONSORCIO DE INGENIERÍA ARA, GEO HOMEX, por que teniendo el permiso para enajenar o vender no cumplieron con los términos de la autorización como: no promovieron prórrogas para terminar las obras de urbanización, equipamiento y las viviendas, se les devolvieron las fianzas del 100% a favor del gobierno del Estado de México sin que terminaran de construir y entregar las obras de urbanización con la complicidad de los servidores públicos de la Secretaría de Desarrollo Urbano, no han realizado las actas de entrega total y definitiva de los citados conjuntos habitacionales, simularon actas de entrega parciales, totales y definitivas; así también simularon la supervisión de las bitácoras de construcción, se vendieron los inmuebles cuando no estaban construidos o terminados.

    También cometieron este delito los terceros cómo las SOFOLES: PATRIMONIO, ING HIPOTECARIA, HIPOTECARIA NACIONAL BANCOMER, HIPOTECARIA SU CASITA, GE MONEY, CRÉDITO Y CASA, METROFINANCIERA, CONDESA FINANCIERA, los Fondos de Vivienda de los Trabajadores como INFONAVIT y FOVISSSTE, porque comercializaron las viviendas a través de los créditos hipotecarios mediante los créditos sobrevaluados, sin contar previamente con los permisos de la autoridad administrativa, en esta misma hipótesis cometieron el delito grave de Fraccionadores los Notarios Públicos del Estado de México:

    • 3 en Tlalnepantla, Lic. Rita Raquel Salgado Tenorio;
    • 66 en Ecatepec Lic. Juan José Aguilera González;
    • 138 en Tepotzotlán, Lic. Teresa Peña Gaspar;
    • 64 en Naucalpan Lic. Álvaro Villalba Valdés; y
    • 68 en Toluca Franklin Libien Kaui.

    Por avalar y simular los contratos de compra-venta y de garantía hipotecaria y por la comercialización a través de los créditos hipotecarios, el delito de fraccionadores prescribe a los 10 años y están vigentes los actos delictivos.

    Enrique Peña Nieto y Arturo Montiel Rojas ex-gobernadores del Estado de México, los notarios públicos avalaron y apoyaron estos graves actos de corrupción, para proteger principalmente al Grupo Constructor “URBI DESARROLLOS URBANOS”, pero también se ha protegido impunemente a las constructoras: ARA, GEO, SADASI, PROMOTORA DE VIVIENDAS INTEGRALES, HOMEX, KE DESARROLLADORA, entre otras, quienes han participado en los mismos actos ilícitos.

    Respecto a la constructora GEO, su presidente Luis Orvañanos Lascurain formó parte del autodenominado Consejo Consultivo Empresarial que apoyó la candidatura de Enrique Peña Nieto a la presidencia de la República y son las mismas empresas constructoras que apoyaron su primer viaje al Vaticano para presentarle al Papa Benedicto XVI a su futura esposa Angélica Rivera Hurtado.

    Anexo documento sobre los 277 Conjuntos Habitacionales construidos durante las administraciones de Enrique Peña Nieto y Arturo Montiel Rojas.

    Tecámac, Estado de México a 24 de noviembre de 2014



    Atentamente


    José Humbertus Pérez Espinoza

    Presidente y Representante Legal

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