Martes, Enero 23, 2018

LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS RESOLVIÓ QUE LA SOCIEDAD HIPOTECARIA FEDERAL Y LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, VIOLARON LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS INTEGRANTES DEL FRENTE MEXIQUENSE EN DEFENSA PARA UNA VIVIENDA DIGNA, A.C.

El pasado 31 de julio de 2014 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos resolvió el expediente: CNDH/4/2012/8843/Q que interpuso el Frente Mexiquense en Defensa Para Una Vivienda Digna A.C., la resoluciones son para que la Sociedad Hipotecaria Federal (SHF) y la Procuraduría General de la República (PGR) determinen si dentro de 15 días aceptan la Propuesta de Conciliación y de ser aceptadas cuenta con un plazo de 90 días para cumplir totalmente los puntos de conciliación, de lo contrario se resolverá sobre la reapertura del expediente y la consecuencia será la preparación del Proyecto de Recomendación.

Queremos destacar que estas resoluciones en contra de la SHF y de la PGR son de gran trascendencia para garantizar el: respeto, la protección y la promoción de los derechos humanos de segunda generación, es decir, se fortalece el constitucionalismo social de nuestra Carta Magna, en virtud de que la CNDH en sus consideraciones señala que la SHF dejo de observar el artículo 11 del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que reconoce: el derecho de toda persona a vivir en algún lugar con seguridad, paz y dignidad, en el cual se cuente con una adecuada privacidad, espacio, seguridad, iluminación y ventilación adecuadas, que posea una infraestructura básica adecuada y este ubicada en relación con el trabajo y los servicios básicos todo ello a un costo razonable.

La primera resolución de la CNDH de la Propuesta de Conciliación está dirigida a Jesús Alberto Cano Vélez, Director General de Sociedad Hipotecaria Federal, es importante señalar que en el apartado II de EVIDENCIAS, destacan las documentales señaladas con las letras: E, J y K.

Letra E: Señala la documental de 22 de noviembre de 2012, suscrita por el Director de la Contraloría Interna de SHF, quien manifiesta que de acuerdo al artículo 4º de la Ley Orgánica de la SHF, ésta tiene la potestad para elaborar los avalúos, pero dicha facultad, nunca ha sido ejercida en la administración de la SHF;

Letra J: Es la solicitud de la copia certificada de fecha 3 de diciembre de 2013 en donde solicite el documento titulado “Método de Detección de Fraude por Sobrevaluación del Valor de la Vivienda”; y

Letra K: Señala el oficio DJSN/SHF-018/2014 de 22 de enero suscrito por el licenciado Francisco Joaquín Moreno y Rojas Titular de la Unidad de Enlace de la SHF, por medio del cual se dio respuesta a la petición de fecha 3 de diciembre de 2013 y que se adjuntó copia del oficio de fecha 5 de mayo de 2008, suscrito por la licenciada Daniella Gurrea Martínez, Directora General Adjunta de Operaciones Crediticias de SHF y que confirman la sobrevaluación del valor de las viviendas, con estas documentales la CNDH concluyo lo siguiente:

    • Del análisis lógico jurídico realizado a las constancias que integran el expediente CNDH/4/2012/8843/Q, se observó que se vulneraron los derechos humanos a la seguridad jurídica y a la legalidad, en agravio del licenciado José Humbertus Pérez Espinoza, representante legal de la Asociación Civil Frente Mexiquense en Defensa Para Una Vivienda Digna A.C., y de todas las personas que conforman la citada asociación con motivo de la prestación indebida del servicio público, atribuible a servidores públicos de Sociedad Hipotecaria Federal (Página 3);

    • Al respecto este Organismo Constitucional Autónomo observa que si bien el referido documento, no tiene la fuerza legal y es ilustrativa sobre el tema en estudio, se precisa que tiene como principal interés, promover la discusión sobre metodologías que sirvan como herramientas dentro de análisis de originación de la cartera crediticia y que se ha comenzado a detectar una serie de malas prácticas como avalúos inflados con el objetivo de ofrecer promociones “Enganche Cero” de forma vela y fraudulenta (Página 6);

    • En ese orden, para esta Comisión Nacional resulta evidente que desde el 2008, Sociedad Hipotecaria Federal contaba con evidencia puntual sobre el tipo de prácticas, lo que coincide con la respuesta que en su oportunidad se le brindó al licenciado José Humbertus Pérez Espinoza, con relación a su petición de que se proporcionara copia certificada del documento titulado Método de Detección de Fraude por Sobrevaluación del Valor de la Vivienda (Página 6);

    • Es preciso resaltar que los derechos a la legalidad y seguridad jurídica, devienen de la confianza que los ciudadanos tienen de que la norma se hará cumplir; pero al no estar acreditado que SHF ha dado cabal cumplimiento a sus facultades, por ende, otorgando al licenciado José Humbertus Pérez Espinoza, representante legal de la Asociación Civil Frente Mexiquense en Defensa para Una Vivienda Digna A.C. y sus agremiados, una solución referente a la sobrevaluación de sus viviendas, es claro que se incumple lo dispuesto en los artículos 2º, 4º, fracción VII y 22 de la Ley Orgánica de la Sociedad Hipotecaria Federal, al no determinarse responsabilidad alguna derivada de la sobrevaluación de los inmuebles de los agraviados como lo establecen la Ley y las Reglas de Carácter General, porque no se les está otorgando seguridad jurídica a los agraviados (Página 7);

    • En el presente caso, Sociedad Hipotecaria Federal al no desarrollar la facultad para elaborar avalúos y no aplicar de manera adecuada sus facultades para supervisar y auditar, en todo tiempo, a las unidades de valuación en su actuación relacionada con la materia de avalúos, en el cumplimiento de las reglas, entre otros aspectos los normativos y metodológicos, dejo en incertidumbre a los quejosos respecto a sus pretensiones (Página 8).

Con estas consideraciones la CNDH formuló las Propuestas de Conciliación de cuatro puntos, las sintetizo de la siguiente manera:

Primera: Señala que se gire instrucciones a quién corresponda y con fundamento en las Reglas de Carácter General relativas a la autorización como Perito Valuador del inmueble Objeto de Créditos Garantizados, en particular, las facultades de SHF para supervisar y auditar, en todo tiempo y de ser el caso sancionar a las unidades de valuación, se revise el caso del Frente Mexiquense y se determine lo que conforme a derecho corresponda;

Segunda: Se establezcan medidas de supervisión, vigilancia y fiscalización para que se permita la adecuada función de las Unidades de Valuación y Los Valuadores Profesionales, con la finalidad de evitar en futuras situaciones como las que se generaron en el presente pronunciamiento;

Tercera: Se colabore con la CNDH en el trámite de la queja que promueva ante Órgano Interno de Control de la SHF, para que se inicie una investigación sobre la posibles irregularidades en que hayan incurrido los servidores públicos de SHF, con los hechos plateados por el Frente Mexiquense;

Cuarta: se adopten medidas para que se diseñen e impartan programas integrales de capacitación y formación a los servidores públicos de la SHF en materia de derechos humanos.

La segunda resolución de la CNDH de la Propuesta de Conciliación está dirigida a Eliana García Laguna Encargada de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, es importante señalar que desde la página 1 en la fundamentación de la CNDH que el caso relacionado con el Frente Mexiquense en Defensa Para Una Vivienda Digna A.C., respecto de las violaciones a derechos humanos atribuibles a servidores públicos de la Procuraduría General de la República, ya que del análisis de los hechos y evidencias que obran en el sumario de mérito, se observó lo siguiente:

  • La CNDH observó que se vulneran los derechos humanos a la seguridad jurídica y a la legalidad en agravio del Frente Mexiquense en Defensa Para Una Vivienda Digna A.C., por actos consistentes en retardar la función de la investigación o procuración de justicia, atribuibles a servidores públicos de la Procuraduría General de la República (Página 3);

  • En este contexto, debe señalarse que no obstante que el representante social tuvo conocimiento de los hechos desde esa fecha, no ha efectuado de manera oportuna las acciones jurídicas necesarias para la debida integración y determinación de la indagatoria, al contrario, el 14 de noviembre de 2012, la averiguación previa AP/PGR/UEIDCSPCAJ/SP/M-XV/32/2011, fue devuelta por parte de la Fiscalía Revisora y Dictaminadora de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y en Contra de la Administración de la Justicia, por considerarse improcedente la consulta de incompetencia que le fue planteada (Página 3);

  • Lo anterior, denota una omisión que repercute en el principio de una adecuada procuración de justicia, contraviniendo con ello lo dispuesto por los artículos 2, 113, 136 y 137 del Código Federal de Procedimientos Penales, los cuales establecen que es competencia del Ministerio Público Federal la integración de la averiguación previa y ejercer, en su caso, la acción penal ante los tribunales, así como su obligación de proceder de oficio a la investigación de los delitos de que tengan noticia y determinar el ejercicio o no de la acción penal (Página 4);

  • El no hacerlo, impide que los tribunales estén en posibilidad de administrar justicia, ya que es al Ministerio Público a quien en forma exclusiva le compete la investigación y persecución de los delitos (Página 4);

  • En este sentido, es aplicable el criterio señalado en la recomendación general 16, sobre el Plazo para resolver una averiguación previa que emitió este Organismo Constitucional Autónomo el 21 de mayo de 2009, en la que se precisó que es necesario establecer límites claros respecto del trámite de la averiguación previa, con relación a que se fije un tiempo razonable para el cierre de una investigación, donde se tome en cuenta (Páginas 4-5):

    1. La complejidad del asunto,
    2. La actividad procedimental de los interesados,
    3. La conducta de las autoridades investigadoras, principalmente de la policía judicial, científica, investigadora o ministerial, y
    4. La afectación que genera el procedimiento en la situación jurídica del probable responsable, la víctima o el ofendido.
  • Asimismo, cabe señalar que además de incurrir en probable responsabilidad administrativa a quien se le asignó esa tarea, se tienen por ciertos los hechos, conforme al artículo 38 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ya que se encuentra acreditado en el presente expediente que han transcurrido tres años y tres meses desde que el licenciado José Humbertus Pérez Espinoza presentó su denuncia de hechos ante la Procuraduría General de la República y, a la fecha de la presente Propuesta de Conciliación, no existe evidencia de que se haya determinado la situación jurídica de la averiguación previa AP/PGR/UEIDCSPCAJ/SP/M-XV/32/2011, aunado a que ello puede interpretarse como una actitud de desprecio a la cultura no jurisdiccional de los derechos humanos (Página 6).

    Con estas consideraciones la CNDH formuló las Propuestas de Conciliación a la PGR de tres puntos, las sintetizo de la siguiente manera:

    Primera: Instruya a quien corresponda a fin de que en la averiguación previa AP/PGR/UEIDCSPCAJ/SP/M-XV/32/2011, se practique las diligencias que sean legal y materialmente necesarias para su perfeccionamiento y determinación, enviando a este organismo nacional las constancias de su cumplimiento;

    Segunda: Se colabore ampliamente con la CNDH en el trámite de la queja que este organismo público promueva ante el Órgano Interno de Control en la PGR para que se inicie una investigación sobre posibles irregularidades en que se hayan incurrido los servidores públicos de la SHF, con relación a los hechos planteados por el licenciado José Humbertus Pérez Espinoza;

    Tercera: Se adopten medidas para que se diseñen e impartan programas integrales de capacitación y formación a los servidores públicos adscritos a la PGR, en materia de derechos humanos.

    Con estas dos Propuestas de Conciliación se acredita lo siguiente:

    1. La SHF desde el 2008 tuvo conocimiento de la sobrevaluación del valor de las viviendas y de los créditos hipotecarios, el reconocimiento y la razón que le da la CNDH al Frente Mexiquense en Defensa Para Una Vivienda Digna A.C. por la sobrevaluación, abre la solución aproximadamente 5 millones de créditos hipotecarios que están sobrevaluados en más de 20 estados de la República Mexicana, nosotros solo liquidaremos el 30% del capital que nos prestó SHF y la forma de liquidación de los créditos hipotecarios sera en 120 mensualidades, es decir en 10 años, esta medida la realizamos toda vez que SHF le vendió la cartera en dación de pago GE MONEY e ING HIPOTECARIA a SANTANDER HIPOTECARIA al 20% del valor de los inmuebles;
    2. Con la documental pública que acreditó el Director de la Contraloría Interna de SHF el 22 de noviembre de 2012 cuando señalo que: de acuerdo al artículo 4º de la Ley Orgánica de la SHF, ésta tiene la potestad para elaborar los avalúos, pero dicha facultad, nunca ha sido ejercida en la administración de la SHF, es decir, en los últimos 11 años la SHF no elaboró los avalúos, por tal motivo se le tienen que fincar responsabilidades penales y administrativas a los ex directores de SHF:
      • Dr. Guillermo Enrique Babatz Torres, quien se desempeñó en el cargo del 02 de diciembre de 2002 al 1 de enero de 2007;
      • Dr. Javier Gavito Mohar se desempeñó como director de SHF del 17 de octubre de 2007 al 1 de noviembre de 2012;
      • También al Lic. Luis Ignacio Torcida Amero, Director General Adjunto Jurídico y Fiduciario de SHF quien se desempeñó en el cargo del 4 de octubre de 2005 al 1 de febrero de 2013;
      • Gabriel Reyes Gómez quien se desempeñó como subdirector de Riesgo de Crédito de SHF del 16 de mayo de 2005 y como Director de Análisis y Monitoreo de Colateral del 4 de junio de 2007 al 31 de octubre de 2013; y
      • Daniella Gurrea Martínez quien desempeño como subdirectora de Ministración de Garantías y hasta la fecha como Directora General Adjunta de Operaciones Crediticias de SHF.
    3. Es importante señalar que al Lic. Luis Ignacio Joaquín Torcida Amero se le otorgó una pensión especial del Banco de México con tan sólo 8 años de servicio en ésta institución, de manera ilícita la Lic. María Elena Zaldivar Sánchez Directora de Administración de SHF el pasado 16 de mayo de 2013 le otorgó este beneficio sin cumplir con los lineamientos del Banco de México que establece que para obtener este beneficio se tienen que cumplir 60 años de edad y 15 de servicio, Torcida Amero sólo cumplió 8 años en el Banco de México y se le sumaron los 11 años de su desempeño en SHF, es importante señalar que la Lic. María Elena Zaldivar Sánchez se desempeñó como Titular del Órgano de Control Interno de SHF cuatro meses antes de ser designada como Directora de Administración de SHF;
    4. Cuando la CNDH señala que además de incurrir en probable responsabilidad administrativa a quien se le asignó esa tarea, se le tiene que iniciar el respectivo procedimiento al Lic. José Antonio Luna Calderón Titular de la Unidad Especializada de Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y Contra la Administración de la Justicia de la PGR, servidor público que se le asignó esa tarea y sólo ha dilatado la procuración de justicia, esto se debe a que Jorge Antonio Luna Calderón representaba y litigaba los intereses de las recuperadoras de créditos hipotecarios, de las SOFOLES-SOFOMES y su despacho fue beneficiario de la venta inconstitucional e ilegal de la cartera vencida que el INFONAVIT otorgó a la persona moral denominada Recuperadora de Deuda Hipotecaria, S.de R.L. de C.V..

El H. Consejo de Administración del INFONAVIT aprobó en su resolución RCA-1284-09-05 del 24 de octubre de 2005 la “Estrategia de Depuración de Cartera Vencida del Instituto”, en donde el INFONAVIT vendió 18 mil créditos Hipotecarios al 11% de su valor a Recuperadora de Deuda Hipotecaria, con esta acción el representante legal de la recuperadora de créditos hipotecarios, el hoy Titular de la Unidad de Investigación de Delitos cometidos por Servidores Públicos de la PGR: Jorge Antonio Luna Calderón fue participe de la privatización de la garantía constitucional y el derecho humano de que las familias de los trabajadores disfruten de vivienda digna y decorosa.

Queremos reconocer a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y en especial a la Maestra: Yolanda Leticia Escandón Carrillo, Cuarta Visitadora General, por estas dos Propuestas de Conciliación que permiten garantizar el: respeto, la protección y la promoción de los derechos humanos de segunda generación, es decir, se fortalece el constitucionalismo social de nuestra Carta Magna.

Atentamente


Lic. José Humbertus Pérez Espinoza

Presidente y Representante Legal

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