Martes, Enero 23, 2018

La inconstitucionalidad de la Reforma Financiera en las Garantías Reales o Hipotecas del Presidente Enrique Peña Nieto

Es importante señalar que las reformas financieras del 24 de mayo de 1996 se realizó como resultado de los efectos de la crisis económica de los llamados errores de diciembre de 1994 y la del 13 de junio de 2003 se diseño por la constitución de Sociedad Hipotecaria Federal, porque se otorgarían millones de garantías reales, es decir de hipotecas.

Ambas reformas financieras tienen varios puntos en común con la iniciativa que presentó el presidente Enrique Peña Nieto el pasado 8 de mayo de 2013, como: ampliar el otorgamientos de créditos, así como también el de endurecer las medidas en contra de los deudores con respecto a la ejecución de las garantías reales y de las garantías personales.

Las reformas financieras de 1996-2003 y la iniciativa presentada por el presidente Enrique Peña Nieto, también tienen como objetivo recuperar las garantías otorgadas en los créditos mediante procedimientos jurídicos más cortos que favorecen siempre a los acreedores y no a los deudores.

Desde la reforma financiera de 1996 siempre quedaron lagunas porque con estas modificaciones el legislador ordinario reformó el artículo 1055 del Código de Comercio y que definió a los juicios mercantiles como ordinarios, ejecutivos y especiales.

Sin embargo nunca se especificó que características que deberían tener los juicios especiales, lo que se logró introducir con esta reforma fue la figura jurídica del juicio especial, los cuales son más cortos para ejecutar y recuperar las garantías reales que la de los juicios ordinarios y ejecutivos mercantiles que se sustentan en garantías personales.

Con la reforma financiera del 13 de junio de 2003 se pretendió resolver las lagunas jurídicas del artículo 1055 reformado en 1996 y se adicionó el 1055 Bis al Código de Comercio para otorgarle al acreedor, intermediario financiero o titular de la garantía real (hipotecas o bienes inmuebles) la opción para ejecutar sus acciones en: juicio ejecutivo mercantil, ordinario, especial, sumario hipotecario o el que corresponda.

Con esta reforma financiera sólo se provocó una anarquía procesal en los tribunales del fuero común y del fuero federal, porque el legislador ordinario que adicionó el artículo 1055 Bis al Código de Comercio en la reforma financiera del 13 de junio de 2003, no entendió la diferencia entre las garantías reales y las garantías personales.

Artículo 1055 Bis.- Cuando el crédito tenga garantía real, el acreedor podrá ejercitar sus acciones en juicio ejecutivo mercantil, ordinario, especial, sumario hipotecario o el que corresponda, de acuerdo a esta Ley, a la legislación mercantil o a la legislación civil aplicable, conservando la garantía real y su preferencia en el pago, aun cuando los bienes gravados se señalen para la práctica de la ejecución.

La adición del artículo 1055 Bis del Código de Comercio no sólo generó la anarquía procesal en los tribunales del fueron común en las entidades federativas como el Estado de México y de Nuevo León, donde los Congresos Locales no legislaron en los Códigos de Procedimientos Civiles el juicio civil sumario hipotecario, lo más grave de esta adición es que contraviene el artículo 17 de nuestra Carta Magna, es decir, el artículo 1055 Bis del Código de Comercio desde la reforma del financiera del 13 de junio de 2003 es inconstitucional.

En éstas entidades federativas en donde no se legisló el Juicio Sumario o Especial Hipotecario, los acreedores invocaron el artículo 1055 Bis del Código de Comercio y a su elección ejercitaron sus acciones en los juicios: ejecutivo mercantil, ordinario mercantil y ordinario civil y con esto los intermediario financieros o acreedores establecieron y definieron las vías o procesos jurídicos a su elección, y suplantaron las facultades constitucionales de los legisladores ordinarios federales y de los congresos locales que son los que establecen la vías y procesos jurisdiccionales para cada una de las controversias jurídicas.

Los gobernados no pueden consentir, ni tácita ni expresamente, un procedimiento que no es el establecido por el legislador para el caso concreto, por que la vía correcta para buscar la solución a un caso no es cuestión que dependa de los particulares y ni siquiera del Juez, sino que está determinada por el legislador ordinario, en uso de la facultad que el artículo 17 constitucional le otorga.

Por estos razonamientos jurídicos en defensa de la constitucionalidad y de las facultades constitucionales que el Legislador Ordinario tiene para establecer las vías correctas, no se puede aprobar la reforma del artículo 1055 Bis del Código de Comercio propuesta en la iniciativa del presidente Enrique Peña Nieto, sobre todo en la modificación que señala lo siguiente: “Cuando el crédito tenga garantía real, el acreedor, a su elección podrá ejercitar sus acciones en juicio ejecutivo mercantil, ordinario mercantil……”, el acreedor no puede establecer la vías, eso le corresponde al Legislador Ordinario y por tal motivo aprobar esta modificación llevaría aun más a la inconstitucional del artículo 1055 Bis del Código de Comercio.

La inconstitucionalidad del artículo 1055 Bis del Código de Comercio ya fue resuelto por el Poder Judicial de la Federación, a través de los de los Tribunales Colegiados de Circuito en Materia de Amparo Directo, porque los acreedores establecieron a su elección las vías jurídicas, por citar presentaré dos casos concretos y que fueron triunfos trascendentales para la vida constitucional de México y estos logros son del Frente Mexiquense en Defensa Para Una Vivienda Digna A.C.

1.

Amparo Directo Civil D.C. 841/2010, radicado en el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región con sede en el Distrito Federal promovido por la SOFOL Patrimonio, en contra de la resolución de la Primera Sala Civil Regional del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México con Residencia en Texcoco en el Toca 495/2010 del Juicio Ordinario Civil en contra de Javier Cruz Serrano, los razonamientos de los magistrados colegiados para negarle por unanimidad de votos el Amparo Directo al acreedor Patrimonio, por elegir a su elección la vía ordinaria civil para la ejecución de la garantía hipotecaria fueron los siguientes y se concretan en la páginas 26 y 27:

“Por esta razón, los gobernados no tienen la facultad legal de elegir el trámite que debe seguir los procedimientos jurisdiccionales, no elegir caprichosamente el procedimiento que se debe seguir para ello.

Entonces los gobernados no pueden consentir, ni tácita ni expresamente, un procedimiento que no es el establecido por el legislador para el caso concreto, por que la vía correcta para buscar la solución a un caso no es cuestión que dependa de los particulares y ni siquiera del Juez, sino que está determinada por el legislador ordinario, en uso de la facultad que el artículo 17 constitucional le otorga.

Estimar que los particulares tienen la capacidad de elegir el camino procesal que prefieran para ejercer su derecho a la tutela jurisdiccional implicaría que tendría la capacidad de decidir, a su conveniencia los plazos y las condiciones para solucionar la función jurisdiccional, lo cual sin lugar a dudas generaría una situación de anarquía procesal, y daría lugar a llevar juicios que irían en contra de las normas procesales que son imperativas, con la consiguiente inseguridad jurídica, pues no habría certeza respecto del juez ante quien se debe solicitar la jurisdicción, cómo hacerlo, en que plazos con que formalidades, etcétera”.

2.

Amparo Directo Civil D.C. 442/2012, radicado en el Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Séptima Región con sede en Acapulco Guerrero promovido por la SOFOL Patrimonio, en contra de la resolución de la Primera Sala Civil Regional del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México con Residencia en Texcoco en el Toca 21/2012 del Juicio Ordinario Mercantil en contra de María Ana Leticia Ríos Uribe y José Carlos Vargas Ramírez, los razonamientos de los magistrados colegiados para negarle por unanimidad de votos el Amparo Directo al acreedor Patrimonio, por elegir a su elección la vía ordinaria mercantil para la ejecución de la garantía hipotecaria fueron los siguientes y se concretan en la páginas: 72, 73 y 74:

“Entonces, la acción que el acreedor debe ejercer para la recuperación del crédito dependerá de su elección y de lo que pretenda, pero si lo que intenta es hacer efectiva la garantía hipotecaria que se constituyó al momento de otorgarse el crédito, entonces está obligado a ejercer la vía hipotecaria civil y a seguir el procedimiento establecido por el legislador local para ello.

Cuando se embarga un bien que tiene garantía hipotecaria, ese gravamen subsiste, de manera que, aun cuando el acreedor logre la condena de su acreditado respecto de su derecho personal en la vía ordinaria o ejecutiva, como subsiste la garantía, puede intentarse además, en la vía hipotecaria en caso de que el acreedor lo estime conveniente, para hacer efectiva la garantía real que permanece aunque se condene al acreditado en otras vías que no persiguen la cosa.

Si el procedimiento elegido por la institución de crédito no es el idóneo para hacer efectiva la garantía hipotecaria, sino que intenta un procedimiento en el cual solo se decide sobre derechos personales del crédito entre el acreedor y el deudor del contrato correspondiente, no es factible que a través del mismo se pretenda hacer efectiva la garantía hipotecaria.

De otra forma, si se pretende hacer efectiva la garantía hipotecaria en la vía ordinaria mercantil, se contravendría el derecho fundamental a la seguridad jurídica que tiene el propietario del bien, derivado del artículo 17 constitucional, porque no se estaría siguiendo el procedimiento establecido por el legislador para esos casos.

Así las cosas, si un Juez, en la vía ordinaria mercantil, ordenará la ejecución de una hipoteca a favor del acreedor, violaría el artículo 17 constitucional, pues no estaría siguiendo las formalidades y términos establecidos por el legislador para cada clase de juicio”.

Con esta resoluciones de los Tribunales Colegiados de Circuito del Poder judicial de la Federación, podemos concluir que la reforma al artículo 1055 Bis del Código de Comercio propuesta por el presidente Enrique Peña Nieto nació muerta, y ya fue interpretada por los órganos jurisdiccionales especializado en estas controversias, el Congreso de la Unión un pueden y no debe aprobar una norma que a toda luces es inconstitucional.

Si la reforma inconstitucional al artículo 1055 Bis del Código de Comercio se aprueba, en los Estados de México y Nuevo León como en otras entidades del país donde no se legisló Juicio Especial o Sumario Hipotecario, se despojará a miles de familias que obtuvieron una vivienda a través de un crédito hipotecario, por que el objetivo de la reforma financiera de Enrique Peña Nieto es recuperar las garantías reales o hipotecas no importando la inconstitucionalidad de las vías ordinaria mercantiles, civiles y ejecutivas.

La reforma financiera no logrará dar mayores créditos baratos y suficientes por que no existe la voluntad política de bajar las tasas de interés, el objetivo es endurecer las medidas en contra de los deudores con respecto a la ejecución de las garantías reales y de las garantías personales, la reforma de Peña Nieto es la más regresiva y autoritaria, no lograra el crecimiento y desarrollo de la economía mexicana.

Atentamente

José Humbertus Pérez Espinoza

Presidente y Representante Legal

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