Martes, Enero 23, 2018

EL DESASTRE JURÍDICO EN EL ESTADO DE MÉXICO Y LA IMPOSIBILIDAD DE INSTALAR EN EL MEDIANO PLAZO EL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL, ADVERSARIAL Y ORAL

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En el Estado de México se presenta el desastre jurídico en el Poder Judicial y en la Procuraduría General de Justica del Estado de México (PGJEM), en virtud de que estos poderes desde el Estado junto con el Titular del Ejecutivo, no cumplieron con la Reforma Penal Constitucional del 18 de junio del 2008.

La Reforma Constitucional para que entrara en vigor el Nuevo Sistema de Justicia Penal, Adversarial y Oral (Sistema de Justicia Penal), en su artículo Segundo Transitorio señala que el Congreso de la Unión mandato lo siguiente: “…entrará en vigor cuando lo establezca la legislación secundaria sin exceder el plazo de ocho años contando a partir del día siguiente de su publicación de este decreto”, es decir el 18 de junio de 2016, se cumplió con el termino y el nuevo Sistema de Justicia Penal en el Estado de México solo es un Mito Genial.

La Reforma Penal para instalar el nuevo Sistema de Justicia Penal del 18 de junio de 2008, en sus Artículos Séptimo y Octavo Transitorios que señalan lo siguiente:

“Séptimo.- El Congreso de la Unión a más tardar dentro de seis meses a partir de su publicación de este decreto, expedirá la ley que establezca el Sistema Nacional de Seguridad Pública. Las entidades federativas expedirán a más tardar en un año, a partir de la entrada en vigor del presente Decreto las leyes en esta materia”.

“Octavo.- El Congreso de la Unión, las Legislaturas de los Estados y el Órgano Legislativo del Distrito Federal (Ciudad de México), deberán de destinar los recursos necesarios para las reformas del Sistema de Justicia Penal. Las partidas presupuestales deberán señalarse en el presupuesto inmediato siguiente: a la entrada en vigor del presente Decreto y en los presupuestos sucesivos. Este presupuesto deberá destinarse al diseño de las reformas legales, los cambios organizacionales, la construcción y operación de la infraestructura, y la capacitación necesaria para: Jueces, Agentes del Ministerio Público, Policías, Defensores, Peritos y Abogados” .

A estos últimos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos los define como las y los Operadores de Justicia.

En el Estado de México, no están certificados ni el 2% de los Ministerios Públicos, Fiscales, Peritos, Integrantes de las Instituciones Policiales, y lo más grave es que los Jueces y Magistrados no están Capacitados y Certificados y apenas no alcanzan ni el 1.5% del Poder Judicial de la Entidad Mexiquense, estos Operadores de Justicia son claves en la instalación y funcionamiento del nuevo Sistema de Justicia Penal.

Los operadores de justicia (Jueces, Agentes del Ministerio Público, Fiscales, Policías, Defensores Públicos, Peritos y Abogados) no están Certificados tal y como lo señala el artículo Séptimo transitorio de la Reforma Constitucional en Materia Penal del 18 de junio del 2008, que señala lo siguiente “a más tardar dentro de seis meses partir de la publicación de este decreto expedirá la ley que establezca el Sistema Nacional de Seguridad Pública”; el 2 de enero de 2009 se dio cumplimiento a esta disposición Constitucional en el Diario Oficial de la Federación, y se publicó la Ley General del Sistemas Nacional de Seguridad Pública.

La Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública es la norma que estructura, organiza, señala, la carrera Ministerial, Pericial y Policial; así como también la Certificación de los Operadores de Justicia de la PGJEM a través del Centro Nacional de Certificación y Acreditación.

También desde el 3 de enero del 2009, entró en vigor la figura jurídica Penal del Informe Policial Homologado (ver artículo 43 de la citada ley), en este mismo sentido se señala el certificado único policial. El Informe Policial Homologado se legislo para tener una policía científica, certificada y profesional.

Con el Informe Policial Homologado se evita las supuestas Detenciones en Flagrancia, la Tortura y la Fabricación de las entrevistas de los integrantes de las Instituciones Policiales que participan en la Fabricación de los Delitos, es decir el Informe Policial Homologado registra en tiempo real, las detenciones se tienen que mandar a la Base de Datos Criminales del Sistema Nacional de Seguridad Pública conocido como Plataforma México.

Es preciso señalar que todas las Carpetas de Investigación que ha integrado la PGJEM en todo el Estado de México a través de sus Fiscales y Ministerios Públicos carecen del Informe Policial Homologado, por tal motivo miles de Imputados y Sentenciados que estamos en las prisiones del Estado de México, nos encontramos privados de nuestra libertad y no en prisión preventiva como falsamente lo determinan los Jueces del Poder Judicial, porque ante la falta del Informe Policial Homologado, se viola gravemente el artículo 14 de la Carta Magna, que señala: “…en el que se cumpla las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho”.

Es decir, no se cumplen con las formalidades esenciales del procedimiento, en virtud de que los Ministerios Públicos, Fiscales, Jueces, Magistrados, Defensores Públicos y Abogados Privados, omiten litigar y señalar el cumplimiento de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en donde, las partes fundamentales de esta Norma están en su Titulo Cuatro denominado: del Servicio de Carrera en las Instituciones de Procuración de Justicia y que abarca los artículos del 49 al 71, cabe subrayar que de los artículos 65 al 71, se legisló lo referente a la Certificación.

Por tal motivo la Carrera Ministerial, Pericial, y Policial inició a partir de la entrada en vigor el 3 de enero de 2009 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, esta norma es reglamentaria del artículo 21 de la Carta Magna que señala que la Certificación es un mandato Constitucional y en el inciso b) señala lo siguiente: “Ninguna persona podrá ingresar a las Instituciones de Seguridad Pública si no está debidamente Certificado y Registrado en el Sistema.

No omito señalar que después de que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 2 de enero del 2009, La Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública el entonces gobernador Enrique Peña Nieto: reformó la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México y su reglamento, en donde se legisló y reglamentó todo lo referente a la Certificación, la Carrera Ministerial, Pericial, Policial tal y como lo señala la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Pero el desastre jurídico se presenta en el Poder Judicial del Estado de México y en la PGJEM, por la falta de aplicación y de conocimiento de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública que en sus artículos transitorios señala lo siguiente:

“Segundo.- El Ejecutivo Federal constará con el plazo de un año a partir de la entrada en vigor de este Decreto para crear e instalar el Centro Nacional de Certificación y Acreditación, el cual deberá acreditar a los centros de evaluación y control de confianza de las instituciones de seguridad pública y sus respectivos procesos de evaluación en un plazo, no mayor de dos años a partir de la entrada en operación del citado Centro Nacional”.

“Tercero.- Los integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública en un plazo de doce meses, contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, deberán obtener la Certificación por parte de los Centros de Evaluación y Control de Confianza, de lo contrario serán separados del servicio”.

“Cuarto.- Todos los integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública deberán contar con el Certificado a que se refiere el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en los términos y plazos previstos en el artículo transitorio anterior. Quienes no obtengan el Certificado serán separados del servicio, observando lo dispuesto en el artículo 123, Apartado B, fracción XIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.

El incumplimiento a la Reforma Constitucional en materia Penal del 18 de junio del 2008 y de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública del 2 de enero del 2009, ha llevado al desastre jurídico del Poder Judicial de el Estado de México y de la PGJEM, toda vez que los Ministerios Públicos, Fiscales, Policías, Peritos y Jueces carecen de la Certificación Constitucional que señala el artículo 21 de la Carta Magna, y por tal motivo no tienen la facultad que les otorga la constitución para llevar los Procesos Penales a miles de ciudadanos al nuevo Sistema de Justicia Penal, porque lo único que han logrado es privarnos de nuestra libertad de manera ilegal, violando nuestras Derechos Humanos por no conocer el nuevo sistema.

Es decir desde el año 2011 los integrantes del Ministerio Público, Fiscales, Peritos, Integrantes de las Policías del Estado de México así como también los Jueces y Magistrados del Poder Judicial de la misma entidad, tenían la obligación de contar con la Certificación para poder acreditar que son conocedores y practicantes del nuevo Sistema de Justicia Penal, esto no sucedió así por tal motivo al no contar con la Certificación Constitucional tuvieron que haber sido separados de sus cargos. (Liga para verificar las personas Certificadas).

Por la falta de Certificación en los procesos penales se presentan casos graves de Tortura, y Fabricación de los Delitos como: robo a: tiendas OXXO, a Farmacias Guadalajara, a Transeúntes, a Transporte Público, a Transporte de Carga, a Vehículo; Violación, Extorción, Secuestro, Feminicidio, en donde estas carpetas carecen de Cadena de Custodia y del Informe Policial Homologado, estos instrumentos de Carácter Penal, deben concatenar todos y cada uno de los Medios de Probanza, como son la Declaración de la Víctima, de los Testigos, las Pruebas Científicas, Periciales, Documentales, el Resguardo de los Medios, Conservar los elementos del delito, así como el Embalaje de las pruebas en el momento en que ocurren los actos delictivos, en la mayoría de los casos no existen Indicios, Vestigios, Evidencias, Objetos, Instrumentos o Productos de hechos delictuosos.

Tenemos casos tan graves, que no obstante de existir Tortura, un solo cuchillo se ha utilizado para procesar a muchos inculpados por el delito de robo, así mismo se tienen Peritajes Dactilares que determinan que no hay huellas en el supuesto instrumento que se utilizo para ejercer la violencia, y en la mayoría de los casos el supuesto patrimonio objeto de lo robado tampoco existen huellas, de que los supuestos inculpados hayan cometido el delito, como tampoco se presentan huellas en los vehículos que supuestamente fueron robados.

En los casos de los Homicidios solo con la impetración de un supuesto Testigo es suficiente para sentenciar a personas que no han privado de la vida a nadie. Se presentan Peritajes de Cadáveres que han sido manipulados y que fueron cambiados del lugar de los hechos delictuosos, llegando incluso a tener carpetas de investigación donde el Médico Legista dictamina que el cadáver de las victima tiene 16 años de edad y fue asesinado por un proyectil de bala, en cambio el Perito en Criminalística dictamina lo contrario, que este mismo cuerpo tenía la edad de 26 años y cuatro impactos de bala que le quitaron la vida.

En los delitos de Extorción y Secuestro, no se utiliza el Informe Policial Homologado y que este se vincula al Centro Nacional de Información a la Base de Datos de Criminales del Sistema Nacional de Seguridad Pública, ya que para que estos delitos se consuman se tienen que utilizar medios electrónicos, principalmente Teléfonos Celulares, los Fiscales y Ministerios Públicos de la PGJEM, no utilizan la Plataforma México, para solicitar las voces que deben registrarse en los teléfonos que se utilizan para Extorsionar o Secuestrar, por otra parte en los delitos de violencia no se acreditan los hechos delictuosos, porque en la mayoría de los casos, los dictámenes no son emitidos por Médicos Especialistas en Ginecología y no están Certificados.

En los desastres ecológicos de los mares, las victimas son los Pescadores que se dedican a esa a actividad productiva; y por la biodiversidad de los mares en los Tornados, las víctimas son las familias que se quedan sin sus viviendas por los fuertes vientos. Con el Desastre Jurídico del Poder Judicial del Estado de México y de la PGJEM, las víctimas son miles de Inculpados que han sido Torturados e Inculpados, a los que también se les han Fabricado Delitos que no han cometido, son sentenciados a cumplir condenas muy largas y desproporcionadas, todo esto producto de no haberse aplicado en los ocho años que duró la transformación del nuevo Sistema de Justicia Penal y por no cumplir con la Carrera Ministerial, Pericial, Policial y Judicial y por carecer de la Certificación Constitucional.

Es importante señalar que el pasado 22 de abril de 2016, le solicite a José Enrique Mezher Rangel Coordinador responsable de la Unidad de Información de la PGJEM la certificación de Fernando Ulises Cárdenas Uribe Director General de Litigación de la PGJEM, esta certificación es necesaria para poder Litigar y poder comparecer en el Nuevo Sistema de Justicia Penal, Adversarial y Oral.

El pasado 16 de mayo de 2016 mediante el folio de solicitud: 00164/PGJ/IP/2016, se emitió la siguiente respuesta “La certificación para comparecer en el nuevo Sistema de Justicia Penal no es un requisito para ingresar como Director General de Litigación de la PGJEM por lo que no se puede atender favorablemente su petición: ya que esta Institución solo esta obligada a proporcionar la información pública que obra en sus archivos”.

Esta respuesta acredita la gran Ignorancia y Desconocimiento del Proceso Legislativo que siguió la Reforma Constitucional en Materia Penal del 18 de junio de 2008, en virtud de que la falta de certificación de Fernando Ulises Cárdenas Uribe Director General de Litigación de la PGJEM, contraviene a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública concretamente, el artículo 50 que señala el Ingreso y Permanencia en el Servicio de Carrera Ministerial y Pericial, así como también el artículo 65 de la citada ley que es más precisa y puntual cuando señala lo siguiente:

“Articulo 65.- Los aspirantes que ingresen a las Instituciones de Procuración de Justicia deberán contar con el certificado y requisito correspondiente, de conformidad con lo establecido por esta ley”.

Ninguna persona podrá ingresar o permanecer en las instituciones de procuración de justicia sin contar con el certificado y registro vigentes.

Por tal motivo al no estar Certificado el Director General de Litigación de la PGJEM Fernando Ulises Cárdenas Uribe, en su participación en las audiencias de los días 19 y 22 de abril de 2016 (Ver audiencias), en donde de manera ilegal me quitaron la No Vinculación a Proceso en la carpeta 63/2016, estas audiencias no cumplieron con las formalidades del procedimiento y la falta del debido proceso, Fernando Ulises Cárdenas Uribe es uno más de los responsables del desastre jurídico en la PGJEM, porque ordena la tortura y la fabricación de delitos (Ver vídeo), y si no cuenta con la Certificación Constitucional establecida en su articulo 21 y los requisitos para la certificación que se señala en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública no puede seguir permaneciendo en ese cargo.

Pero el Desastre Jurídico llevará en el futuro inmediato a no poder instalar el Nuevo Sistema de Justicia Penal en el Estado de México, esto se traduce en un fracaso total de la Reforma Constitucional Penal del 18 de junio de 2008, en todo el país, esto se acredita con los resultados que presento el pasado 26 de febrero de 2016 la Auditoria Superior Federación (ASF), que realizó a la Procuraduría General de la Republica (PGR), concretamente al programa: Investigar y Perseguir los Delitos del Orden Federal; Reforma al Sistema de Justicia Penal/Capacitación; Auditoria de Desempeño: 14-0-17100-07-0040.

En los antecedentes de la Auditoria de Desempeño realizada por la ASF, destaca el órgano auditor, que el propio Presidente Enrique Peña Nieto reconoce un rezago en el nuevo Sistema de Justicia Penal al respecto en la página número 1 de la citada auditoria se señala de manera textual lo siguiente:

“En el PND 2013-2018 se reconoce un rezago en el Nuevo Sistema de Justicia Penal, debido a que se subordinó la asignación de recursos a otros objetivos públicos. Aunado a ello, la insuficiente armonización Legislativa, la falta de capacitación entre los operadores y el funcionamiento inercial de las instituciones constituyen obstáculos para la implementación de Sistema de Justicia Penal”.

Ante el incumplimiento de la implementación del Sistema de Justicia Penal, la ASF en el apartado de las Consecuencias Sociales señala lo siguiente: “En el 2014 la Procuraduría General de la República capacitó al 7.9% (611) del total de su plantilla del personal sustantivo de 7,695 servidores públicos y quedan pendientes de capacitar a 7,084 funcionarios necesarios para operar el Sistema de Justicia Penal”, “lo que implica un riesgo para la sociedad en términos de que el nuevo Sistema de Justicia Penal inicie su operación con Personal NO Capacitado y la Procuración de Justicia No sea: Eficaz, Expedita, Imparcial y Transparente.

Estos graves resultados que presento la ASF, el pasado mes de febrero de 2016, son confirmados por la Secretaria Técnica para implementar la Reforma Penal (SETEC), organismo dependiente de la Secretaria de Gobernación, su titular Dr. María de los Ángeles Fromow Rangel señaló el pasado mes de junio de 2016 en el Octavo Foro Nacional de Seguridad y Justicia que “el nuevo Sistema de Justicia Penal no funcionará de manera adecuada sino hasta el año 2024, es decir 16 años después”.

En el contexto de este evento y en las víspera del 18 de junio de 2016, fecha límite para que el nuevo Sistema de Justicia Penal entrara en vigor en todo el país, el Centro de Investigación para el Desarrollo A.C. (CIDAC) estimo que se han invertido aproximadamente 22 mil millones de pesos para instalar el Sistema de Justicia Penal a nivel federal, la Dr. María de los Ángeles Fromow Rangel Secretaria Técnica de la SETEC, no ha querido dar a conocer los datos reales sobre la certificación y acreditación de los y las Operadores de Justicia que han acreditado los exámenes teóricos y prácticos para formar parte, estar capacitados y ser los responsables del funcionamiento del nuevo Sistema de Justicia Penal.

En el año de 2014 se registraron 1,050 aspirantes para Certificarse y ser evaluados bajo los perfiles del nuevo Sistema de Justicia Penal, solo acreditaron 4 personas, para el año 2015 se registraron 950 aspirantes, desertaron 150, es decir no se presentaron al examen, de los 800 aspirantes que quedaron, solo aprobaron 53 el examen teórico, 22 el práctico y solo acreditaron 6 personas, son Jueces de Distrito Especializados en el nuevo Sistema de Justicia Penal.

Retomando los resultados de la ASF es importante destacar lo señalado por el Plan Nacional de Desarrollo PND 2013-2018 presentado por Enrique Peña Nieto, en donde se afirma “se reconoce un rezago en el nuevo Sistema de Justicia Penal, debido a que se subordino la asignación de recursos a otros objetivos públicos”, estas afirmaciones son falsas y de un desconocimiento total, toda vez que el artículo Octavo transitorio de la Reforma Constitucional Penal del 18 de junio del 2008, se mandato al Congreso de la Unión, la Legislatura de los Estados y al Órgano Legislativo del D.F. destinar recursos para la Reforma del Sistema de Justicia Penal, el Presidente Enrique Peña Nieto desconoce, no obstante de haber sido Presidente de la Mesa Directiva del Poder Legislativo del Estado de México, que el presupuesto de Egresos de la Federación y de los Estados es uno de los controles constitucionales, que permite que el Sistema Político Mexicano cuente con pesos y contrapesos en el ejercicio del poder público, los recursos destinados a la instalación del nuevo Sistema de Justicia Penal, por los órganos legislativos son intocables y no se tenían porque “Destinar” a “Otros Objetivos Públicos”.

Lo que omite señalar el entonces Gobernador del Estado de México Enrique Peña Nieto, es que no han faltado recursos, toda vez que hasta el año de 2015, la entidad mexiquense tenía una Deuda Pública de $41,697 millones de pesos.

En el año 2009, cuando se mandato por parte del Congreso de la Unión aprobar recursos para instalar el nuevo Sistema de Justicia Penal, para ese año la Deuda Púbica ascendía a $33,017 millones de pesos.

La Deuda Pública del Estado de México creció desproporcionadamente del 2009 al 2016, justamente en los ocho años que se otorgaron para instalar el nuevo Sistema de Justicia Penal, es decir, las administraciones de Enrique Peña Nieto y Eruviel Ávila Villegas son los dos gobernadores que más han endeudado al Estado de México.

No debemos soslayar que Enrique Peña Nieto destinó aproximadamente $4,000 millones de pesos para promocionar su imagen como candidato presidencial en este mismo sentido el Gobernador Eruviel Ávila Villegas durante los años: 2012, 2013, 2014 y 2015 pagó aproximadamente $2,500 millones de pesos a la empresa Televisa para promover su Imagen Presidencial, estas operaciones que se realizaron con dinero en efectivo, están siendo investigas en los Estados Unidos de Norteamérica.

Cuando la ASF concluye en la Auditoria de Desempeño, sobre la Reforma al Sistema de Justicia Penal-Capacitación de la PGR en las consecuencias sociales, que no de cumplirse las metas implica un riesgo para la sociedad en términos de que el nuevo Sistema de Justicia Penal, inicie sus operaciones con el Personal NO Capacitado y la Procuración de Justicia NO sea Eficaz, Expedita, Imparcial y Transparente.

Si bien es cierto que estos resultados corresponden a la Auditoria de la PGR, no es menos cierto que estos resultados se reflejen en la falta de Certificación y Capacitación de los Servidores Públicos de la PGJEM, concretamente la Certificación que les permita litigar en el nuevo Sistema de Justicia Penal, toda vez que la representación social del Estado de México no tiene personal capacitado y la Procuración de Justicia en la entidad mexiquense es Ineficaz, No es Expedita, es Parcial y NO es Transparente, y que tiene altas consecuencias sociales, en virtud de que miles de personas han sido torturadas para que mediante la coacción se declaren culpables de delitos que no han cometido, y también la Fabricación de los Delitos tienen Privados de su Libertad a miles de inculpados.

Esto lo acreditamos con los últimos resultados sobre los casos de tortura en el Penal de Chiconautla, con una muestra de 379 expedientes, los resultados fueron 308 personas torturadas, 276 hombres, 32 mujeres, es decir el 64.30% de la muestra son inculpados por tortura y 171 no fueron torturados.

En los casos de tortura y de fabricación de delitos en el Estado de México se incrementaron en más del 100% durante el gobierno de Eruviel Ávila Villegas al que le hemos llamado “Gobierno que Tortura en Grande”.

En conclusión, cuando la Secretaria Técnica de la SETEC la Dr. María de los Ángeles Fromow Rangel señala que el nuevo Sistema de Justicia Penal no funcionará de manera adecuada sino hasta 2024, estas aseveraciones nos permiten afirmar la imposibilidad de instalar el nuevo Sistema de Justica Penal en el Estado de México, por lo que se vive en los Órganos Jurisdiccionales del Poder Judicial del Estado de México, en donde los internos de los Penales de la entidad mexiquense solo hemos sido utilizados para experimentar con un Sistema de Justicia Penal que no existe, porque en la actualidad ni hemos terminado con el Sistema Ordinario Inquisitorio y el nuevo Sistema de Justicia Penal “Nació Muerto” por la corrupción de la PGJEM.

Vídeo donde explico porque la ley obliga a Certificarse a Jueces, Ministerios Públicos y demás Operadores de Justicia en el nuevo Sistema Adversarial y Oral, para lograr una verdadera justicia (Ver vídeo).


A T E N T A M E N T E

LIC. JOSÉ HUMBERTUS PÉREZ ESPINOZA
PRISIONERO DE CONCIENCIA
PRESIDENTE Y REPRESENTANTE LEGAL DEL
FRENTE MEXIQUENSE EN DEFENSA PARA UNA VIVIENDA DIGNA A.C.

c.c.p.- Presidente de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos (LIMEDDH), Dr. Adrián Ramírez López

c.c.p.- A la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), Dr. Emilio Álvarez Icaza Longoria

c.c.p.- Al Alto Comisionado de la ONU-DH en México, Jan Jařab

c.c.p.- A la Coordinadora de la Unidad de Observación del Alto Comisionado de la ONU-DH, Maria Luisa Bascar

c.c.p.- A la Unidad de Observación del Alto Comisionado de la ONU-DH, Tom HaecK

c.c.p.- A las Organizaciones No Gubernamentales de los Derechos Humanos

c.c.p.- A los Medios Nacionales e Internacionales

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