Martes, Enero 23, 2018

LOS GASTOS EXCESIVOS EN EL GOBIERNO DE ERUVIEL ÁVILA VILLEGAS, ASCENDIERON A 1 BILLÓN, 377 MIL MILLONES DE PESOS: “GOBIERNO RICO-PUEBLO POBRE”, EL PRESUPUESTO QUE MAYOR SE LE HA ASIGNADO A UN GOBERNADOR EN LA HISTORIA DEL ESTADO DE MÉXICO

La danza de los miles de millones de pesos para una élite política dorada y discriminatoria, da como resultado la pobreza extrema de la sociedad mexiquense, que hoy se encuentra sumergida en una gran corrupción y violencia incontrolable.

Los resultados son: incrementó en un 60% la pobreza, en un 40% la pobreza extrema, la entidad mexiquense presenta el mayor índice delictivo en homicidios, secuestros, feminicidios, violaciones, extorciones, robo de vehículo y todo tipo de robos con violencia.

Es importante destacar como los candidatos a la gubernatura del estado de México dejaron ir una gran oportunidad, para explicarle al país y a los ciudadanos del estado de México como se mal gasta y despilfarran, los presupuestos del 2011 al 2017 que las Legislaturas de la entidad mexiquense le aprobó al Gobernador Eruviel Ávila Villegas.

El Presupuesto de Egresos que las Legislaturas del estado de México le asignaron al Gobernador Eruviel Ávila Villegas, es uno de los doce Controles Constitucionales con los que cuenta el Sistema Político mexicano, para ser más específicos, las Legislaturas de los Estados de la República Mexicana y la Cámara de Diputados, a través del Presupuesto de Egresos (PE) ejerce el mecanismo de control, con respecto al Poder Judicial, Poder Legislativo, Poder Ejecutivo y a los Órganos Autónomos Constitucionales.

El PE como Control Constitucional obliga a las Legislaturas de los Estados y a la Cámara de Diputados, para que una vez aprobadas las partidas presupuestales, ejerzan la supervisión, garantizar que los recursos que se designan a los diversos Órganos del Estado mexicano, sean aplicados de manera transparente, evitar el exceso, derroche de recursos de los impuestos de todos los mexicanos, en el caso de la Cámara de Diputados quien supervisa los recursos del PE, es la Auditoria Superior de la Federación (ASF), y en la Legislaturas de los Estados los Organismos Fiscalizadores (OSFEM en el Estado de México), los Controles Constitucionales son la base de los pesos y contrapesos del Sistema Político mexicano.

El Poder Judicial de la Federación y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuentan con los Controles Constitucionales como el: El Juicio de Amparo Directo e Indirecto, la Controversia Constitucional y la Acción de Inconstitucionalidad; la Cámara de Senadores tiene el Control de la Constitucionalidad de la Política Exterior y los Tratados Internacionales, el Poder Ejecutivo con las funciones del Ministerio Público.

La Carta Magna cuenta con más Controles Constitucionales, solo he citado algunos para contextualizar la importancia que tiene el PE, que se le asignan a los gobernantes, que los ciudadanos mexicanos principalmente los del estado de México, tenían que conocer que la élite política que los ha gobernado, y que viven del privilegio de nuestros recursos, que en los últimos 80 años, nunca han rendido cuentas a la sociedad; es importante que esta última Administración de gobiernos priistas sea auditada y de encontrar irregularidades se les consigne por la gran corrupción que del 2011 al 2017 ejercieron del PE.

El PE que se le aprobó durante la administración de Eruviel Ávila Villegas por las Legislaturas fue por el monto total de 1 billón, 377 mil millones de pesos, recursos suficientes para que el estado de México lograra un crecimiento económico del casi 4% anual, incrementando el empleo, ampliando la cobertura educativa, los servicios de salud y para combatir de manera seria y responsable los delitos en la entidad con la instalación y consolidación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio.

El problema de la clase política del estado de México es que desde el poder, gozan de miles de millones de recursos en gasto corriente, solo por darles un dato, el gobierno de Eruviel Ávila Villegas, para el presente Ejercicio Fiscal 2017, obtendrá la cantidad por Recursos Fiscales en números redondos por 163 mil 181 millones de pesos, se les aprobaran en el PE para el 2017, en el rubro Clasificación por Tipo de Gasto; por concepto de Gasto Corriente 168 mil 478 millones de pesos, es decir, se presenta una diferencia de 5 mil 237 millones de pesos de déficit, por lo que gastamos más de lo que recaudamos.

El Gasto Corriente representa los altos recursos destinados a los servidores públicos de primer nivel y nivel medio, los gastos en telefonía celular, gasolina, consumo de alimentos, adquisición de vehículos nuevos cada año, equipo mobiliario, electrónicos gastos de seguridad en escoltas, choferes, cocineros, asignados a la casa de gobierno, principalmente los recursos que se pagan a los altos funcionarios con sueldos millonarios, pero humillantes por la pobreza en la que viven la mayoría de los ciudadanos mexiquenses.

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"Gobierno Rico y Pueblo Pobre", se acredita en la forma como el Gobernador, los Secretarios: General de Gobierno, Finanzas, Trabajo, Educación, Desarrollo Agropecuario, Desarrollo Económico, Contraloría, Medio Ambiente, Desarrollo Social, Salud, Técnico de Gabinete, Movilidad, Desarrollo Urbano y Metropolitano, Turismo, Cultura e Infraestructura, tienen una percepción de 185 mil 048 pesos mensuales, de los cuales también, se les asignan las siguientes prestaciones: aguinaldo 209 mil 514 pesos, prima vacacional 87 mil 422 pesos, por gratificación especial 69 mil 938 pesos. Anualmente el Gobernador y cada secretario obtuvieron aproximadamente cada uno 2 millones 587 mil 364 pesos; eso es lo que cuesta la burocracia corrupta a los mexiquenses negligentes y cómplices de la criminalidad.

Pero los millonarios sueldos no terminan ahí, el Consejero General del Gobernador percibe 99 mil 244 pesos mensuales, el Comisario General de la Policía Ministerial 123 mil 918 pesos, el Consejero Jurídico 167 mil 762 pesos, el Secretario Particular del Procurador 99 mil 244 pesos, el Fiscal General de Justicia 167 mil 762 pesos, el subprocurador General de la Fiscalía 123 mil 918 pesos, el mismo sueldo le es asignado a los subsecretarios de las Secretarias que señale con anterioridad; 13 choferes de Secretarios del Gabinete de Eruviel Ávila Villegas ganan la cantidad de 74 mil 985 pesos mensuales, la misma cantidad se les asignan a seis Comandantes adscritos al Gobernador y Secretario de Gobierno, 103 escoltas asignados a los Secretarios ganan mensualmente la cantidad de 74 mil 895 pesos.

Doce coordinadores de Asesores perciben la cantidad de 99 mil 224 pesos, 3 coordinadores de la Procuraduría General de Justicia ganan 123 mil 918 pesos, 140 Directores Generales ganan mensualmente la cantidad de 99 mil 244 pesos; 17 Fiscales Especiales la misma cantidad y 11 Fiscales Regionales de la Fiscalía General ganan la cantidad de 123 mil 928 pesos.

715 agentes del Ministerio Público R-1 ganan 74 mil 895 pesos, 86 Agentes Auxiliares a la Fiscalía General de Justicia perciben la misma cantidad; 9 analistas Especiales adscritos al Gobernador ganan 81 mil 781 pesos, 19 Directores de Centros de Prevención y Readaptación Social ganan mensualmente la cantidad de 74 mil 895 pesos.

Esta es una parte significativa de lo que los ciudadanos mexiquenses pagamos del gasto corriente, como ya lo señalamos para el PE del Gobierno del estado de México del Ejercicio Fiscal del 2017, fue por la cantidad de 168 mil 418 millones pesos.

Pero lo más grave del sexenio del Gobernador Eruviel Ávila Villegas y los dos últimos años de Enrique Peña Nieto, es que no cumplieron con la Reforma Constitucional del Sistema de Justicia Penal Acusatorio, que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de junio de 2008 y que en su artículo segundo transitorio, otorgo un periodo de 8 años para que se instalará en todo el país el Sistema de Justicia Penal.

El exgobernador Enrique Peña Nieto en los Presupuestos de Egresos del 2009 al 2011 y el Gobernador Eruviel Ávila Villegas del 2011 al 2017, en sus iniciativas para que las Legislaturas del estado le aprobaran los PE, nunca constituyeron el organismo o comisión especial del Congreso Local responsable que durante los 8 años que duro el periodo de transición se responsabilizará de la instalación, evaluación y consolidación del Sistema de Justicia Penal.

Cabe señalar que los gobernadores Enrique Peña Nieto y Eruviel Ávila Villegas, no dieron cabal cumplimiento al artículo octavo transitorio de la Reforma del Sistema de Justicia Penal, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de junio de 2008, el cual señala lo siguiente:

Octavo. El Congreso de la Unión, las Legislaturas de los estados y el órgano legislativo del Distrito Federal, deberán destinar los recursos necesarios para la reforma del sistema de justicia penal. Las partidas presupuestales deberán señalarse en el presupuesto inmediato siguiente a la entrada en vigor del presente decreto y en los presupuestos sucesivos. Este presupuesto deberá destinarse al diseño de las reformas legales, los cambios organizacionales, la construcción y operación de la infraestructura, y la capacitación necesaria para jueces, agentes del Ministerio Público, policías, defensores, peritos y abogados.”

A partir de éste análisis técnico Legislativo el PE del estado de México de 2011 al 2017, acredita que los operadores de justicia que debieron de capacitarse, profesionalizarse y certificarse en el Sistema de Seguridad Pública y del Poder Judicial del estado de México, como operadores de justicia que son señalados en el artículo octavo transitorio, el Gobernador del estado de México no tiene ningún pretexto y los integrantes de las Legislaturas por no haber asignado recursos exclusivos y específicos para realizar las reformas legales.

Los cambios organizacionales, la construcción y operación de Infraestructura, certificación, capacitación necesaria de los: jueces, agentes del ministerio público, policías, peritos, defensores públicos y abogados privados, para que instalaran en el estado de México el Sistema de Justicia Penal Acusatorio. Estos operadores de justicia a sus Instituciones se les aprobaron recursos suficientes, y si no, que el Gobernador Eruviel Ávila Villegas nos desmienta públicamente, los internos del Penal de Chiconautla le emplazamos a un debate y demostrarle con números la mala asignación de recursos para la instalación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio.

Esto lo acreditamos con los siguientes datos durante el 2009-2017, se asignaron los siguientes recursos: Procuración de Justicia 22 mil 970 millones de pesos, Poder Judicial 24 mil 342 millones de pesos, Seguridad Pública 57 mil 900 millones de pesos, Prevención y Reinserción 11 mil 699 millones de pesos; en total los recursos destinados a las Instituciones Operadoras de Justicia para Instalar el Sistema de Justicia Penal, ascienden a la cantidad de 116 mil 881 millones de pesos.

El gobernador del estado de México es el principal responsable de no haberse destinado las partidas específicas para la instalación y consolidación del Sistema de Justicia Penal, máxime de presumir y ostentarse como Doctor en Derecho, los recursos fueron multimillonarios el Sistema de Justicia Penal Acusatorio en el estado de México es el más deficiente y perverso en todo el país, porque no se cumplió con el artículo 21 de la Carta Magna, ni con su norma reglamentaria la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y su equivalente en el estado de México: la Ley de Seguridad del estado de México, que por cierto esta última norma en su artículo 110, inciso a), segundo párrafo, señala que el Instituto Mexiquense de Seguridad y Justicia (IMSJ) será el encargado de aplicar la evaluaciones, para acreditar el cumplimiento de los perfiles de los integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública de Estado de México.

El Gobernador Eruviel Ávila Villegas, presento una de sus primeras iniciativas para que la H. LVII Legislatura del estado de México, aprobará la Ley que crea el IMSJ, y que fue publicada en la Gaceta de Gobierno del Estado de México el martes 18 de octubre del 2011 mediante el Decreto 358, en la exposición de motivos el Gobernador Eruviel Ávila Villegas dijo lo siguiente:

La profesionalización de los servidores públicos integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública encuentra su fundamento en el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el cual se definen los alcances de la función que desempeñan, tanto el ministerio público, tanto como las Instituciones Policiales de los tres órdenes de gobierno, que conforman el Sistema Nacional de Seguridad Pública y que para lograr los objetivos de seguridad pública, deberá cumplir con los requisitos de selección ingreso, formación, permanencia, evaluación, reconocimiento y certificación”.

Es claro que el IMSJ, se le mandató Constitucionalmente para que se hiciera cargo de la carrera ministerial, pericial y policial, tal como lo establecen la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Ley General de estado de México, tan es así que en su artículo 4, de la Ley del IMSJ, este tiene como atribuciones las siguientes:

  • Aplicar los procedimientos homologados del Sistema Nacional de Seguridad Pública, capacitar en materia de investigación científica, técnica a los integrantes de la Instituciones de Seguridad Pública y Corporaciones de Seguridad Privada.
  • Proponer y desarrollar programas de estudio e investigación académica en materia ministerial, pericial, policial y de seguridad pública, de conformidad con lo dispuesto con la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y la Ley de Seguridad del estado de México,
  • Así como también verificar, que los aspirantes a formar parte de las Instituciones Policiales cumplan con el perfil aprobado por el Centro Nacional de Certificación y Acreditación.

PPara acreditar que el IMSJ se encargaría del servicio de carrera ministerial, pericial y policial, solo basta analizar el artículo quinto transitorio, del Decreto 358 Publicado en la Gaceta de Gobierno, del estado de México, el 18 de octubre de 2011, en donde se fusiona el Instituto de Formación Profesional y Capacitación de la Procuraduría General de Justicia y el Instituto de Profesionalización de la Agencia de Seguridad Estatal, que pasan a formar parte del IMSJ.

El Gobernador Eruviel Ávila Villegas y las Legislaturas del estado de México son los responsables junto con los procuradores Miguel Ángel Contreras Nieto y Alejandro Jaime Gómez Sánchez de no haber instalado el servicio de carrera ministerial, pericial, y de la policía ministerial, a través del IMSJ, esto se acredita cuando solo en el PE del estado de México para el Ejercicio Fiscal del año 2012, publicado en el Decreto número 392 en la Gaceta de Gobierno del estado de México el 16 de diciembre de 2011, en la página 135, bajo la partida con el número clave 202010, se le asignó al IMSJ la cantidad de 164 millones 980 mil pesos, fue la única partida que se le asignó a este Instituto, olvidando la importancia que tenía que desarrollar este organismo para lograr la capacitación, organización, certificación de los ministerios públicos, peritos y policías, para desempeñarse como operadores de justicia en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio.

La cantidad de 164 millones 980 mil pesos a los recursos asignados durante el 2009 al 2017 a la Procuraduría de Justicia, Poder Judicial, Seguridad Pública y Prevención y Reinserción Social, que suman la cantidad de 116 mil 887 millones de pesos. Con esto se acredita que las instituciones responsables de formar, capacitar, profesionalizar y certificar a los operadores de Justicia, no cumplieron con la Reforma Constitucional del 18 de junio de 2008 en el artículo 21, inciso a), de la Carta Magna que señala lo siguiente:

a) La regulación de la selección, ingreso, formación, permanencia, evaluación, reconocimiento y certificación de los integrantes de las instituciones de seguridad pública. La operación y desarrollo de estas acciones será́ competencia de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los municipios en el ámbito de sus respectivas atribuciones.

Es claro que la responsabilidad de no instalar y consolidar el Sistema de Justicia Penal en el estado de México es del Gobernador Eruviel Ávila Villegas, el titular del ejecutivo estatal forma parte del Consejo Nacional de Seguridad Pública, es decir, el IMSJ es el responsable instalar el servicio de carrera ministerial, pericial, policial, una vez que los integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública fueran ingresados, evaluados por este organismo tendrían, que ser certificados por el Centro de Control de Confianza del estado de México, la certificación de los integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública, tenían que haber sido expedidas por este Centro de Control de Confianza.

Al Centro de Control de Confianza se le asignaron recursos de los PE del estado México de los Ejercicios Fiscales de 2010 al 2017, la cantidad de 978 millones 704 mil pesos, sin embargo, estos fondos nunca se destinaron para la certificación; no obstante que el Centro Nacional de Certificación y Acreditación perteneciente al Sistema Nacional de Seguridad Pública, le otorgó la certificación y revalidación al Centro de Control de Confianza del estado de México.

El Gobernador Eruviel Ávila Villegas y las H. LVI, LVII y LVIII, Legislaturas del estado de México, nunca les interesó asignar recursos propios para la Instalación y consolidación del Sistema de Justicia Penal. Lo más grave es que en los PE del estado de México de los Ejercicios Fiscales 2009-2010, en el artículo 14, de estos decretos, publicados el 18 de diciembre del 2008 y el 18 de diciembre de 2009, en la Gaceta de Gobierno del estado de México, se puede analizar y acreditar como de manera perversa el Gobernador del estado de México recurrió a recursos federales como el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FAS), recurrir a fondos federales solo tiene una explicación, nunca les interesó reasignar los recursos de los presupuestos estatales, reducir los altos sueldos y percepciones de la elite política que gobierna el estado de México.

El artículo 14, señalaba que los recursos federales de FAS, se destinarían para el: reclutamiento, selección, depuración, evaluación y formación de los recursos humanos, vinculados con tareas de seguridad pública; a complementar las dotaciones de: agentes de ministerio público, peritos, policías judiciales o sus equivalentes, de los policías preventivos o de custodia de los Centros Penitenciarios y de menores infractores; el establecimiento y operación de la red nacional de telecomunicaciones e informática, para la seguridad pública y el servicio telefónico nacional de emergencia; a la construcción, mejoramiento o ampliación de las Instituciones para procuración e impartición de justicia, así como de las instalaciones de los cuerpos de seguridad pública y sus centros de capacitación, el seguimiento y evaluación de los programas señalados conforme a los programas estatales de seguridad pública, derivados del programa nacional de seguridad pública por el Consejo Nacional de Seguridad Pública de acuerdo a la Ley General, que establece las bases de coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Publica.

El FAS que se especifica textualmente en el párrafo anterior para cumplir con el Programa Nacional de Seguridad Pública, acordado por el Consejo Nacional de Seguridad Pública de acuerdo a la Ley General, solo confirma que no se dio cumplimiento supremo Constitucional del artículo 21, de la Carta Magna y el octavo transitorio de la Reforma Penal; que señaló claramente que los recursos para instalar y consolidar el Sistema de Justicia Penal Acusatorio le correspondía a la Legislatura del estado de México, destinados principalmente a la certificación de las y los operadores de justicia.

A partir de los PE del Gobierno del estado de México para los Ejercicios Fiscales de 2011-2017, de manera dolosa y sospechosa omitieron redactar el artículo 14 de las aportaciones de FAS como el de la selección, evaluación, depuración de los integrantes del Sistema de Seguridad Pública, de los supuestos recursos que se destinaron a la dotación de ministerios públicos, policías y peritos, al otorgamiento de equipamiento, de la instalación de las redes de telecomunicaciones; así como también para el equipamiento y mejoramiento para la procuración e impartición de justicia y nuevos Centros de Prevención y Reinserción Social.

Todos estos recursos federales nunca llegaron, no se aplicaron y de manera tramposa la redacción del artículo 14 de los Presupuestos de Egresos, se trasladó a las reformas que realizaron al Código Financiero del estado de México y Municipios en diciembre de 2010, estos recursos se aprobaron en la Legislatura del estado de México para el Ejercicio Fiscal del 2011, específicamente en el capítulo tercero de los Fondos de Aportaciones Federales, Convenios de Descentralización y Programas de Apoyos Federales, pero cual fue el objetivo de trasladar los recursos del artículo 14 del Presupuesto de Egresos al Código Financiero, una explicación sencilla, quitarles el carácter al PE de Control Constitucional que es de cumplimiento obligatorio poner el resultado de la Reforma Constitucional Penal y trasladarlo a una Ley Secundaria, esconder los recursos para malversarlos, destinarlos a otras partidas presupuestales o al derroche de las campañas políticas electorales de los candidatos del PRI a las presidencias municipales, diputaciones locales, federales, senadores de la república y como lo hacen actualmente con la candidatura de Alfredo del Mazo Maza.

En conclusión los recursos del FAS nunca llegaron para fortalecer e instalar el Sistema de Justicia Penal Acusatorio en el estado de México, no se puede decir, ni justificar que no hubo recursos para su instalación, solo basta analizar la Deuda Pública del estado de México, que durante las administraciones de los gobernantes Enrique Peña Nieto y Eruviel Ávila Villegas ascendieron a 30 mil millones de pesos, sin embargo de los Ejercicios Fiscales del PE del estado de México de los años 2009 al 2017, solo por pago de intereses de la citada deuda, el gobierno liquidó 32 mil 625 millones de pesos a los bancos consentidos del Grupo Atlacomulco concretamente al banco Interacciones y a Banorte de la familia Hank Rhon y Hank González.

El pasado 11 de julio de 2016 publicamos en el Diario La Calle en la página 7, que el propio presidente de la República Enrique Peña Nieto y exgobernador del estado de México confirman nuestro análisis de técnica legislativa realizado a los PE de la entidad mexiquense de los Ejercicios Fiscales del 2009 al 2017, en ese artículo titulado Desastre Jurídico en el Estado de México al respecto señale lo siguiente: En el PND 2013-2018 se reconoce un rezago en el Nuevo Sistema de Justicia Penal, debido a que se subordinó la asignación de recursos a otros objetivos públicos. Aunado a ello, la insuficiente armonización Legislativa, la falta de capacitación entre los operadores y el funcionamiento inercial de las instituciones constituyen obstáculos para la implementación del Sistema de Justicia Penal”.(ver artículo en: http://bit.ly/2pNVxC9).

El presidente Enrique Peña Nieto no especifica porque se desviaron los recursos de PE a otros objetivos públicos, lo que omite señalar es el incumplimiento de la Reforma del Sistema de Justicia Penal Acusatorio, el resultado, miles de inocentes están siendo procesados y sentenciados injustamente y los verdaderos delincuentes se encuentran en libertad, principalmente la élite política que gobierna el estado de México y del Grupo Atlacomulco del que él forma parte.



A T E N T A M E N T E


LIC. JOSÉ HUMBERTUS PÉREZ ESPINOZA
PRISIONERO DE CONCIENCIA
PRESIDENTE Y REPRESENTANTE LEGAL DEL FRENTE MEXIQUENSE
EN DEFENSA PARA UNA VIVIENDA DIGNA, A.C.

Chiconautla Estado de México a 15 de mayo de 2017.
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